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Claudia Navarrete

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La Psicología Jurídica y Forense en México tiene sus raíces en el siglo XX, cuando la psicología comenzó a vincularse con el sistema de justicia. Ya en las décadas de 1940–1960 se dieron los primeros intentos por aplicar la psicología al ámbito legal, se realizaron peritajes psicológicos en casos judiciales, principalmente en áreas de evaluación de imputabilidad y responsabilidad penal. Los primeros psicólogos forenses trabajaban en instituciones psiquiátricas o en colaboración con médicos legistas.

En los años siguientes, la disciplina empezó a consolidarse con la apertura de posgrados en Psicología y la creación de laboratorios de psicología experimental y clínica. Se incrementó la demanda de psicólogos en tribunales, reclusorios y centros de readaptación social. En esta época se comenzaron a definir los primeros protocolos de evaluación psicológica forense.

Ya en la década de 1990 la psicología jurídica se formalizó como rama profesional. Se establecieron asociaciones académicas, como la Sociedad Mexicana de Psicología Jurídica y Forense, y se desarrollaron programas de capacitación en psicología aplicada al derecho penal, civil y familiar.

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En el Siglo XXI la Psicología Jurídica y Forense se consolidó como un campo especializado. Las universidades mexicanas (como la UNAM, la UAM y la BUAP) crearon posgrados y diplomados en el área. Además, la reforma penal de 2008 —que introdujo el sistema acusatorio y oral— fortaleció el papel del psicólogo forense como perito experto, enfatizando la objetividad científica y la ética profesional.

Hoy en día, la Psicología Jurídica y Forense en México abarca la evaluación psicológica de víctimas, imputados, testigos y peritos, la intervención en mediación y justicia restaurativa, y la investigación de fenómenos criminales y conductas delictivas.